Los Sindicatos de trabajadores y Gremios estudiantiles que estamos promoviendo esta campaña de información y movilización reivindicativa de nuestras demandas, en el marco del debate de la Ley de Presupuesto Quinquenal, hemos resuelto instalar una plataforma de propaganda en la explanada de la Universidad de la Republica, a la cual denominamos “Carpa de la Dignidad” a partir del 15 de setiembre.
Buscamos difundir información sobre las condiciones laborales y de estudio, los reclamos de trabajadores y estudiantes a partir de ellos generados, la necesidad de priorizar los recursos para salud, trabajo y vivienda frente al gasto en agigantar el aparato represivo, la fundamentación del pedido del 6% del PBI para la educación pública, y la denuncia de la ilegitimidad de las normas referidas al vinculo laboral con el Estado que introduce de manera inconstitucional la presente ley presupuestal.
La definición del presupuesto quinquenal, es la definición de las políticas de salud, vivienda, educación, seguridad y salario, o sea de las condiciones de vida del pueblo uruguayo, sean o no trabajadores públicos. Respecto de temas de tanta relevancia los trabajadores y los estudiantes, actores sociales que hemos demostrado históricamente un protagonismo activo en defensa de los intereses nacionales y populares, tenemos mucho para aportar. Las políticas mencionadas, imprescindibles para la construcción de un desarrollo productivo con justicia social, se ven resentidas por el insuficiente “espacio fiscal”, producto del pago de la deuda externa. La propia fundamentación de la ley presupuestal desnuda esta realidad con la contundencia de los números oficiales, cada año de este quinquenio se gastara un monto equivalente al 3% del PBI en pago de intereses de deuda, la misma proporción anual que se destina a la ANEP.
En esta ley se impone incluso por omisión ese “modelo de país” funcional, citando la misma fundamentación de la ley: “Los proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura que no puedan ser incluidos en el Presupuesto Nacional debido a la restricción fiscal, deberán ser canalizados a través de la asociaciones público-privadas. Estas inversiones especialmente en áreas de infraestructura logística, portuaria y aeroportuaria, tienen el objetivo de poner en el país una plataforma logística regional.” De esta forma se profundiza la política de enajenación de soberanía, en áreas tan claves como puertos, ferrocarriles y minería. El “espacio fiscal” lo determinan indirectamente los organismos internacionales de crédito a través del calendario de pago de deuda externa, los “proyectos de desarrollo” están en función de la más eficiente extracción de nuestros recursos y por si fuera poco con la privatización de los medios a través de los cuales circulan nuestras riquezas. Este marco implica una profundización de la situación de dependencia de nuestro país.
El proyecto de ley presentado incluye aspectos sustanciales de la reforma del estado impidiendo una profunda discusión en el marco de la negociación colectiva con el conjunto de los trabajadores, situación agravada por el carácter no refrendable de la ley de presupuesto. Se desconoce la Ley de Negociación Colectiva, que implica la consulta en los ámbitos de negociación de todo lo referido a salario, condiciones laborales, carrera, etc., se profundiza en medidas “flexibilizadoras” de las relaciones laborales.
Con respecto a la propuesta para los entes autónomos de la educación pública, se proponen controles externos a las instituciones para supervisar la ejecución de sus políticas que implican una intromisión en su autonomía. Se asignan fondos para la consolidación de la Ley de Educación rechazada por los trabajadores y estudiantes, a través de la Agencia de Evaluación Educativa (integrada por empresarios), el Fondo de Infraestructura (dependiente de la Corp. Nac. Para el Desarrollo de derecho privado), el sistema de competición por recursos entre Centros Educativos, entre otros.
A la vez que se desatienden las verdaderas necesidades de la Educación Pública. Los reclamos del 6% del PBI para la educación pública no han sido atendidos, llegando a menos de un 4% del PBI para ANEP-UdelaR. Aun cuando los mismos órganos de dirección de la educación, Consejos Directivos Centrales tanto de ANEP como de la Universidad, solicitan fuertes incrementos. Hecho que demuestra que la demanda de los Gremios y Sindicatos de la educación no es corporativismo, sino una necesidad. Depende de ello la refacción y construcción de escuelas, liceos y facultades, la descentralización universitaria, el Hospital de Clínicas, la estabilidad laboral de docentes y funcionarios, la solución a la superpoblación en los grupos, etc. Debemos destacar como resultantes de los magros salarios el pluriempleo docente, la imposibilidad de perfeccionamiento docente y las enfermedades laborales, todo con la consecuente baja de calidad del vinculo educativo entre docente y estudiante, fundamento mismo del proceso educativo.
Consideramos que para hacer frente a esta situación la unidad como herramienta de los trabajadores y el estudiantado se tiene que ver reflejada en la lucha que de aquí en adelante deberemos desarrollar para defender las históricas demandas populares y nuestros derechos. Esta Carpa de la Dignidad será una plataforma de difusión de la realidad que viven los trabajadores y los estudiantes, un andamio mas en este proceso de construcción de la unidad combativa para conquistar un presupuesto que atienda las necesidades populares.
Comité Organizador de la Carpa de la Dignidad
CEIPA - CEHCE – FEUU – AFFUR – ADEOM – AFUTU - COFE - UTHC – UFC
Luis Diossi, 099644599 AFFUR. Pablo Blanchard, 098312546 FEUU. Andrea Robatto, 099863052 CEIPA. Isabel Figari, 099347791 UTHC. Leo Bentos, 099248268 UFC. Andres Olivetti, 098000725 AFUTU. Alcides Garbarini, 094195843 CEHCE. Pablo Cabrera, COFE
E-mail: carpadeladignidad@gmail.com
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